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Los proveedores de los Ayuntamientos cobrarán antes del 01.05.2012

27/02/2012

Fuente: ABC 25.02.2012
El Gobierno puso el pasado viernes 24.02.2012 las bases para que los ayuntamientos hagan frente al cúmulo de facturas impagadas que han acumulado en los últimos años. El mecanismo para que las autonomías puedan seguir los mismos pasos tardará algo más.

Así, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley orgánica y un real decreto para crear el mecanismo de financiación que permita a los entes locales pagar a los proveedores, sobre todo pymes y autónomos, a través del ICO y de un grupo de entidades financieras. Además, esta normativa permitirá otorgar el aval del Estado en futuros mecanismos de financiación de todas las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron a ABC que el motivo por el que ayer no se dio luz verde al vehículo financiero para que los proveedores de las autonomías también puedan cobrar es porque la normativa actual impide al Estado avalar deudas autonómicas. De ahí que en las próximas semanas se aprobará una reforma de la ley presupuestaria y de la actual ley de estabilidad para legalizar estos avales.

Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, la cuantía de la operación ascenderá a unos 40.000 millones de euros, 20.000 corresponderían a las facturas impagadas de los ayuntamientos y otros 20.000 a las de las autonomías.

Según el procedimiento aprobado ayer, los ayuntamientos con facturas pendientes de pago anteriores al 1 de enero de este año tienen que enviar el listado de todas las deudas de manera telemática y con firma electrónica antes del 15 de marzo al Ministerio de Hacienda. En esta lista debe constar la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro.

Las entidades locales permitirán a los proveedores consultar su inclusión y las cuantías que les afectan y si no aparecen en las listas podrán reclamar al ayuntamiento que emita un certificado individual y éste no podrá negarse. Para estas reclamaciones se habilita un periodo de alegaciones que del 15 al 31 de marzo.

El incumplimiento por parte de los funcionarios competentes de las obligaciones de expedición de estas certificaciones y comunicaciones tendrá la consideración de falta muy grave.

Los ayuntamientos, por su parte, tendrán un mes para responder a estas alegaciones, y en caso de que no respondan, el silencio administrativo obrará a favor del contratista, que podrá recurrir con su factura al banco para que se haga efectiva. Por tanto, a partir del 1 de mayo, empezarán los pagos a los proveedores, que, en principio, deberían estar liquidados, como muy tarde, el 31 de diciembre.

Los primeros acreedores en cobrar serán aquellos que tengan las facturas más antiguas, así como los que ofrezcan algún descuento sobre la deuda total o los intereses, según prevé la nueva norma.

Planes de ajuste
Como contrapartida, los ayuntamientos tienen hasta el 30 de marzo para enviar también a Hacienda sus correspondientes planes de ajuste, que se tendrá que aplicar durante el periodo de amortización de la deuda que se generará con el pago de las facturas. Y en el plazo de 30 días, Hacienda debe valorará estos planes municipales.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el objetivo de esta operación es «poner orden en las deudas comerciales de las corporaciones locales y, en un segundo momento, son ellas las que tendrán que someterse a un plan de ajuste para que en el futuro puedan hacer frente al pago de las deudas», pero dio pocos detalles de la operación que sí se detallaba en la referencia del Consejo de Ministros.

Vinculo: http://www.abc.es/20120225/economia/abcp-proveedores-ayuntamientos-cobraran-facturas-20120225.html

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